Sanidad ha distribuido esta semana a las Subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, atendiendo al número total de población, este material de protección contra el contagio de forma coordinada con todo el movimiento asociativo de la discapacidad y sus delegaciones autonómicas.

 

Con la entrega por parte de la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, del número de mascarillas solicitadas y de un remanente de 1.000 más a las entidades asturianas de la discapacidad se cumple con la reivindicación del CERMI Asturias.

 

“Toda actuación pública en la desescalada ha de tener en cuenta a las personas con discapacidad, pues somos tradicionalmente un grupo social excluido y más en estos momentos que estamos en situación de máxima vulnerabilidad”, ha aclarado la entidad. “Es ahora cuando se magnifica y se amplía lo que vivimos diariamente”, ha puntualizado.

 

A juicio del Comité asturiano, la Administración del Principado debe garantizar y reforzar la protección y seguridad de las personas con discapacidad durante la fase de desescalada con medidas que favorezcan su atención y estado de salud (EPIS).

 

En concreto,tanto para los usuarios y usuarias como para los profesionales que prestan atención directa deservicios y actividades (cuidadoras, cocineras, personal de limpieza, auxiliares, transporte, entre otros) que, según la entidad, han dejado de recibir este material durante el Estado de Alarma y, en su lugar era prestado por parte de las entidades que gestionan recursos convivenciales que “han tenido que echar el cierre”.

 

Tal y como ha descrito el Comité asturiano, en esta situación se encuentran los centros de apoyo a la Integración (CAIS) que precisan unas garantías o condiciones de protección adecuadas (desinfección en todos los espacios, en el transporte de los usuarios, mamparas de metacrilato, refuerzo personal de limpieza, entre otros).

 

“Si estas medidas no pueden ser garantizadas, la actividad no puede ser retomada, ya que el riesgo de contraer la enfermedad y de contagio sería extremo”, ha determinado la entidad. Por ello, desde el CERMI Asturias se ha pedido al Gobierno del Principado y a las consejerías implicadas “una interlocución directa con las organizaciones de personas con discapacidad, además de ser consultadas y estén involucradas en todas las etapas de respuesta al COVID-19”.